Una mujer negra libre es secuestrada frente a testigos en Pensilvania y su caso llega a la Corte Suprema, donde la Constitución misma queda sentada en el banquillo.
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Una mujer negra libre es secuestrada frente a testigos en Pensilvania y su caso llega a la Corte Suprema, donde la Constitución misma queda sentada en el banquillo.
En una mañana de invierno de febrero de 1841, cinco abogados suben las escalinatas del capitolio federal en Washington para litigar una apelación numerada como cualquier otra: Edward Cooper contra el Estado Libre de Pensilvania. Un sobre arrastrado por el viento, un practicante distraído y un secretario que expulsa a un abogado de la sala por llevar las botas enlodadas bastan para insinuar de qué está hecho el foro donde se decidirá si una persona puede ser recuperada como un bien mueble extraviado.
Detrás del número de expediente hay una escena ocurrida cuatro años antes. En un chalet de paredes de pino y techo de paja, treinta y siete abolicionistas —cuáqueros, presbiterianos, bautistas, algunos católicos— escuchan el informe de una misión a Londres para fundar una red internacional contra la trata. Entre ellos está Margaret Reilly, joven negra, antes esclava, después cimarrona, ahora delegada, que expone su programa con una lucidez incómoda: no habrá estados verdaderamente libres mientras existan estados esclavistas, y el Norte se lucra de su propia neutralidad. Cuando el cuarteto de cuerdas empieza una sonata de Paganini y ella toma el violín, unos hombres armados salen de detrás de las rocas con una orden judicial en la mano. Se llevan a Margaret y a sus dos hijos, nacidos en territorio libre. La orden se lee en voz alta, con todos sus formalismos, mientras la mujer es golpeada, amordazada, engrillada y amarrada a una carreta. La legalidad no interrumpe nada; la acompaña.
La novela alterna esa violencia con el debate que la juzga. Ante el juez presidente Roger Taney y sus ocho asociados, los letrados discuten cláusulas: el tercer párrafo de la sección segunda del artículo cuarto, la ley federal de esclavos fugitivos de 1793, el artículo que hasta 1808 blindó la “importación de personas cuya admisión considere conveniente” cualquiera de los estados. Maryland invoca la integridad de la Unión y el dedo de Dios; Pensilvania responde con los borradores suprimidos de la Declaración de Independencia y con las concesiones que se hicieron para no romper con el Sur. Los jueces se pasan notas dobladas por debajo de las togas y preguntan lo que no conviene: si la esclavitud fuese un crimen, ¿hay alguna nación inocente? ¿Está el país dispuesto a darlo todo por sostenerla, incluido el país mismo?
De ahí en adelante el relato se abre hacia el telar, el motín de una fragata, el éxodo de una grey, las aguas teñidas del derecho marítimo, los indultos, una votación, un alumbramiento, y un salto de casi veinte años hasta abril de 1861, cuando el argumento jurídico se resuelve por otros medios. Sostenida en hechos documentados que ocurrieron dispersos y aparentemente inconexos, la obra los reúne para mostrar su parentesco. Su protagonista se niega a responder al nombre con que la buscan: se llama Báthika, engendro de la fortuna, porque su madre vio gotas de sangre sobre las mazorcas donde dormía y las creyó rocío del cielo, señal de que era posible sobrevivir. Frente al recuerdo está siempre la posibilidad del olvido, advierte el epígrafe; este libro se escribe contra esa posibilidad.
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