Asuntos Internos

Hay una zona de sombra en el relato español de la corrupción. Mientras los escándalos alcanzaban partidos, ayuntamientos, empresas y hasta la Casa Real, las Fuerzas de Seguridad parecían quedar fuera del foco, protegidas por décadas de legitimidad ganada en la lucha antiterrorista. Este libro entra precisamente ahí, en el territorio que casi nadie quiso mirar de cerca.

El punto de partida es un crimen. En abril de 2008, Lucía Garrido aparece muerta en la piscina de la finca donde vivía, en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre. Antes de eso hubo dos años de denuncias desatendidas, medidas de protección denegadas, cortes de agua y de luz, animales usados como amenaza y un miedo que fue estrechándose hasta volverse rutina. La autopsia se rectifica un año después. El reloj de la víctima no se conserva como prueba. Su teléfono móvil desaparece. Una vecina que oyó los gritos tarda siete años en poder contar lo que vio, y cuando lo cuenta explica que fueron los propios investigadores quienes la disuadieron. Alrededor de esa casa trabajaban, al margen de la normativa, varios guardias civiles. La instrucción abierta por el Servicio de Asuntos Internos bautizaría el conjunto con un nombre revelador: operación Telaraña.

De ese nudo inicial arrancan los demás. El autor sigue las conexiones hasta un negocio de fauna montado con permisos administrativos providenciales, una causa previa sobre certificados medioambientales que terminó archivada con informes favorables de los propios mandos, agentes de la unidad antidroga salpicados por el narcotráfico y el mayor alijo de armas ilegales incautado en España. La estructura del libro replica ese movimiento: de Málaga a Cataluña, donde tres casos de gran repercusión dibujan otro mapa igualmente turbio; después a las operaciones Carioca y Emperador, al episodio de El pequeño Nicolás y a los roces sordos entre los servicios de inteligencia y los cuerpos policiales; más tarde a las policías municipales, con la trama de Palma de Mallorca y su treintena de agentes imputados; y finalmente a la historia de las mafias policiales y a hechos que se creían enterrados.

Un capítulo entero está dedicado a los que denuncian. Cabezas insiste en la soledad de quien detecta la corrupción desde dentro y decide no callar: el aislamiento, la incomprensión, el castigo profesional. Le ocurre a agentes y también a jueces, como muestra el desgaste de la instructora del caso Carioca. De ahí sale la tesis más nítida del libro: las brigadas de Asuntos Internos investigan a la casa desde la casa, dependen de los mandos a los que a veces deberían fiscalizar, y esa falta de autonomía las expone a la parálisis o al uso partidista.

El autor no escribe un pliego de cargos contra la policía. Recuerda el peso de dos hipotecas históricas —el combate contra ETA y la guerra sucia de los GAL— en la forma que adoptó el modelo policial heredado de 1978, y subraya que la mayoría de los agentes son profesionales honrados, mal pagados y con horizontes escasos, en cuerpos donde la tasa de suicidios ya es un síntoma difícil de ignorar. Lo que reclama es un debate pendiente: qué modelo policial necesita hoy una sociedad que poco tiene que ver con la de la Transición. La lectura tiene el pulso de una novela negra, pero cada dato remite a un sumario. Ahí está su incomodidad y su valor.