4 crímenes 4 poderes

Un joven de veinte años camina por Los Caobos en enero de 1958 con los libros del liceo bajo el brazo, mientras a su alrededor una multitud grita contra los agentes de la policía política que se derrumba. Meses después, ese mismo muchacho —que aún duda si es posible servir al Estado sin convertirse en lo que la calle acaba de repudiar— llena una planilla en el Pasaje La Bolsa y, tras un examen y un cursillo relámpago, entra a la recién creada Policía Judicial. De esa contradicción inicial nace este libro: la memoria de un detective que eligió la técnica sobre el carné del partido, y que décadas más tarde pone por escrito lo que aprendió sobre el delito y, sobre todo, sobre quién responde por él.

La obra reúne cuatro casos criminales que en su momento sacudieron a la sociedad venezolana, contados por quien participó directamente en su esclarecimiento. Cada uno funciona como expediente y como radiografía: el lector acompaña la comisión que viaja por carretera a Ciudad Bolívar para apoyar a una delegación con pocos recursos, entra a una casa vacía donde nada se ha movido salvo el cadáver, marca cada objeto con una letra, discute si la muerte de un buzo buscador de diamantes en el fondo del Caroní fue accidente o asesinato, y sigue con una lupa un rastro de huellas descalzas y sangre que atraviesa un pasillo hasta detenerse frente a una puerta. La minucia del método —el plano del sitio del suceso, el proyectil perdido que aparece doce horas después incrustado en la pata de una máquina de coser, la perseverancia de un inspector que gasta sus vacaciones en resolver un caso archivado— sostiene el pulso narrativo con la tensión de una novela y la exactitud de un acta.

Pero el título anuncia la segunda mitad del asunto: a cada crimen le corresponde un poder. Lo eclesiástico, lo legislativo, lo militar y lo económico aparecen no como telón de fondo sino como fuerzas que intervienen activamente en el destino de las averiguaciones. El autor lo formula sin rodeos desde las primeras páginas: se trabaja para castigar a los culpables, pero algunos culpables se sostienen sobre bases que les otorgan patente de corso; el esfuerzo prospera cuando el responsable es hijo de cualquiera, y se disuelve cuando es «hijo de papá». Los nombres de los criminales van disfrazados con seudónimos por razones obvias, aunque las autoridades que intervinieron se citan tal cual.

El resultado es un libro doble, y ahí está su interés: por un lado, un relato de investigación criminal escrito por un profesional del oficio, con el detalle técnico que solo puede aportar quien estuvo en el sitio; por el otro, un testimonio incómodo sobre un país donde el instrumento es la ley, la esencia aparente es la justicia, y los intereses reales están en otra parte. Un prólogo firmado por un reportero policial que cubrió los mismos hechos y luego revisó los expedientes en los tribunales confirma la correspondencia entre lo narrado y el sumario, y sitúa la obra como un precedente: la primera vez que un investigador venezolano se sienta a escribir sus propios casos y a señalar, con el dedo de quien testifica, hasta dónde llegó la ley y dónde se detuvo.